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Entrevista a Agustina Palacios

Nuevas capacidades

Imagen de Agustina Palacios
Fecha: 07/12/2016
Autor: MIDES

Agustina Palacios es abogada. Además de coordinar varias áreas especializadas en discapacidad -tanto en forma institucional como académica-, es miembro de la Subcomisión de Expertos sobre la Convención de la ONU en materia de Discapacidad desde 2005. Su cometido en Uruguay fue analizar el cambio de paradigma en lo que refiere a las capacidades jurídicas de las personas con discapacidad.

Invitada por Pronadis, Palacios participó en tres actividades: "La discapacidad como cuestión de derechos humanos y su transversalización en la formación, extensión e investigación universitaria", en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República; "Adecuación normativa a la luz de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad", en el Anexo del Palacio Legislativo y "Capacidad jurídica y acceso a la Justicia de las personas en situación de discapacidad", en el Poder Judicial.

Para comenzar, nos gustaría saber cuál fue el motivo de la visita al Uruguay.

Vine a Uruguay por tres actividades, aprovechando que aquí hay un contexto de cambios y de proyecciones. Esto tiene que ver con un cambio de paradigma: de pasa de un modelo sustitutivo en la toma de decisiones de determinadas personas que se consideran que no tienen las herramientas suficientes para tomar decisiones autónomas, hacia un modelo de apoyos que es lo que viene a incorporar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo que a nivel mundial se viene trabajando.

También estuve contando la experiencia de Argentina. El año pasado se unificó el Código Civil y Comercial, donde se modificaron algunas cuestiones como la temática de la capacidad jurídica. El sistema pasa de ser un blanco-negro y empieza a tener matices para pensar en la persona como sujeto de derechos en vez de objeto de políticas sociales, o como objeto de protección. Conté el proceso y también los desafíos para implementar todo ese cambio.

Cuando menciona el cambio de paradigma está hablando no solamente en lo judicial, sino también en lo social.

Si, absolutamente. Es un cambio que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con la percepción que tenemos de la discapacidad. Pasa desde una visión generalmente paternalista y un predominio de lo que se llama un "modelo médico hegemónico". Esto implica que a la persona se la categoriza a partir de un diagnóstico. El cambio implica trascender el diagnóstico y ver a la persona con su condición y en el contexto social. Muchas veces son las barreras sociales las que generan una discapacidad o la agravan.

La persona con su condición está como cualquier otra. Lo que pasa es que llega a la situación de discapacidad a partir de interaccionar con diversas barreras, pueden ser sociales, culturales o actitudinales.

¿Se puede decir que es una cuestión de derechos humanos?

Es así. Y hasta hace unos años esto no se percibía. Era solo mirado desde la perspectiva médica o asistencialista. Hoy la discapacidad está inserta en la agenda de los derechos humanos. En ese sentido la Convención -que es de lo que vine a hablar- brinda muchas herramientas. También obliga a los Estados a tomar medidas para llegar a generar cambios que son normativos pero también sociales.

¿La norma es la que genera esos cambios sociales o son los cambios sociales que generan la norma?

Bueno, esa es una discusión en la filosofía del Derecho (risas). ¿Qué es primero? No sé... Yo siempre pienso por ejemplo que en Argentina, la Ley de Matrimonio Igualitario generó cambios sociales. Pero quizás no se hubiera podido dar la norma si no estaba preparado el terreno. Acá me parece que estamos en lo mismo: tenemos un terreno preparado, hay normas que ayudan y generan. Estuve hablando con integrantes del Poder Legislativo de todas las implicancias del artículo 12 de la Convención, que lo que hace es aplicar la garantía de igualdad en materia de capacidad jurídica. No sería lo mismo que si viniera sólo con un discurso a que hable desde una norma.

En ese sentido me parece que la Convención es un faro para la política pública pero también es una norma que hay que cumplir. Muchas veces el derecho internacional no está tomado como debería ser. Esto también hay que trabajarlo desde diversas instancias. Y las personas con discapacidad también tienen un mayor empoderamiento desde que existe la Convención. Hoy exigen derechos, ya no piden favores.

¿La Convención implica recuperar la dignidad de la persona?

Absolutamente. Hay mucha dignidad vulnerada en la discapacidad. Y se vulnera cada vez que la persona con discapacidad sale a la calle, cada vez que se le niega la palabra, que se le niega el acceso. Esto sucede en todas las instancias. Entonces la norma también ayuda. Cuando hablamos de derechos humanos y lo comparamos con un árbol, el tronco sería el concepto de dignidad. Sin embargo en el ámbito de la discapacidad esto no se percibe.

La discapacidad tiene tres dimensiones: primero es una condición. A mí me gusta utilizar el nombre de diversidad funcional para hablar de esa condición. Pero también es una situación. Es el resultado de cuando esa persona con una diversidad funcional -pongámosle que no puede caminar- va en una silla de ruedas y no encuentra una rampa o hay un auto estacionado que le tapa la rampa. Pero a su vez es una posición social. Porque en el imaginario colectivo cuando pensamos discapacidad, pensamos en alguien que "no puede" o que no es "normal". Entonces nadie quiere identificarse. En el encuentro en la Universidad hablábamos de crear estrategias para ir erradicando esta percepción. Esto tiene que ver con el empoderamiento y con recuperar la dignidad.

¿Cómo se percibe desde la perspectiva jurídica el estado de situación en Uruguay con respecto al tema?

En Uruguay se ve un "mirar para adentro". Esto de que se esté estudiando, o empezando a conformar mesas para estudiar toda la normativa uruguaya y cómo adaptarla a la Convención, ya es una primera aceptación. Esto implica modificar normas pero también prácticas; y en este sentido me voy con una idea positiva.

Me acercaron un borrador disparador de una mesa en donde está implicada desde el inicio la sociedad civil en la representación de las organizaciones de personas con discapacidad y donde hay una perspectiva transversal de varias áreas. Eso me parece muy bien.

Luego, si miro la legislación uruguaya es como la de la mayoría de los países. En materia de capacidad jurídica sigue existiendo esta limitación o restricción en razón de una discapacidad, lo que vulnera la Convención, pero se está empezando a revisar. De todos modos, hasta que esto culmine en una norma puntual, no nos debemos olvidar que la Convención ya es una norma. Estoy segura que ya hay actores jurídicos que lo están aplicando.