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Comparecencia de la ministra Marina Arismendi en Comisión de DD.HH

El traslado no determinó los fallecimientos

Reunión de la Comisión de DD.HH
Fecha: 19/01/2017
Autor: MIDES

Esta fue la afirmación realizada por las diputadas convocantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Gloria Rodríguez y Cecilia Eguiluz.

El miércoles 18 de enero, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi compareció para hablar sobre los traslados y la muerte de cuatro personas con discapacidad severa que se alojaban en Aldeas de la Bondad.

"Se cumplieron con todos los pasos para los traslados", afirmó la jerarca en relación al proceso que se llevó adelante para trasladar a las personas con discapacidad que llegaron desde Salto a Montevideo.

Además, explicó que los mismos son absolutamente necesarios porque la Fundación Imcos, gestora de Aldeas, rescindió el contrato que mantenía con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) desde 1986.

El MIDES explicó que en reiteradas oportunidades se realizaron intervenciones y recomendaciones a Imcos para mejorar la calidad de atención pero no se logró que se hicieran las modificaciones requeridas.

Todos los recaudos

“El proceso era inevitable ya que Imcos rescindió el convenio con INAU en 2015. Frente a esto, se tomaron todas las medidas y recaudos necesarios para realizar los traslados” explicó la ministra. Para ello INAU trabaja de forma interinstitucional con el Ministerio de Salud, ASSE y la Fuerza Aérea.

Jerarcas de dichas instituciones ya concurrieron a la Comisión para brindar informes completos sobre todo el proceso. Se encuentran disponibles las versiones taquigráficas del día 14 (ver versión taquigráfica) y 21 de diciembre de 2016 (ver versión taquigráfica).

En referencia al estado de salud de los pacientes que llegaron desde Salto, Arismendi agregó que son monitoreados en forma permanente por las entidades de salud correspondientes.

El nuevo modelo

La ministra recordó que a fines de 2004 Uruguay aprobó el Código del Niño y el Adolescente, así como la adhesión a las convenciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad. Estas cambiaron los ejes de trabajo en el país.

“Estamos frente a un nuevo paradigma en relación a los derechos humanos. Este cambio implica el pasaje del modelo asilar al social para integrar a personas con discapacidad” explicó la ministra.

“A las personas con discapacidad no hay que esconderlas o tenerlas en un asilo. El Estado debe garantizar sus derechos” agregó.

La ministra enfatizó: "Si hay algo que me duele y molesta, es no haber realizado los traslados antes". Agregó que el traslado es una determinación muy dura y radical que expone problemas de la sociedad que es necesario resolver, porque, por ejemplo, actualmente hay 617 personas adultas con distintos grados de discapacidad que el Estado tutela —primero mediante el Consejo del Niño, luego a través del Instituto Nacional del Menor (Iname) y ahora por medio del INAU— quienes hoy tienen 60 años. Agregó que es necesario asegurarles los derechos y la calidad de vida, proceso que calificó como complejo y difícil.

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